Mediante enérgico pronunciamiento organizaciones del Pacto de Unidad exigen salida de Oscar Valdez

RECHAZAMOS POLÍTICA REPRESIVA DEL GOBIERNO DE OLLANTA HUMALA CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

Las organizaciones indígenas representativas del Perú, agrupadas en el PACTO DE UNIDAD: Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami), Confederación Nacional Agraria del Perú (CNA) y Organización de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap) abajo firmantes, nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente: 

PRIMERO: REPUDIAMOS y RECHAZAMOS categóricamente los hechos de violencia, suscitados en los últimos días en la provincia de Espinar, región Cusco, y expresamos nuestra solidaridad con los familiares de nuestros hermanos fallecidos, heridos, detenidos y torturados, perpetrados por los efectivos policiales y militares. Demandamos el inmediato levantamiento del Estado de Emergencia por ser atentatorio contra los derechos humanos de las personas y de los pueblos indígenas afectados. 

SEGUNDO: RESPONSABILIZAMOS al gobierno de Ollanta Humala, a su Premier Oscar Valdés Dancuart y a todo su gabinete ministerial por la brutal represión ordenada contra nuestros hermanas y hermanos, dos de ellos asesinados cobardemente con arma de fuego percutadas por las Fuerzas Policiales, además de cientos de heridos, torturados e innumerables detenciones arbitrarias a nuestros líderes y representantes de nuestros pueblos. Esta actitud de violencia contra nuestros pueblos indígenas y originarios sólo es comparable con la desatada por gobiernos dictatoriales; más aún, si el candidato Humala –durante la campaña electoral- sostuvo que iba a gobernar con los pueblos y sin embargo, su silencio al ejecutar estas acciones lo muestra como un dictadorzuelo más. 

TERCERO: EXIGIMOS la inmediatamente RENUNCIA del ciudadano minero Oscar Valdés, personaje nefasto y autoritario, digitado por los grupos de poder, por lo que repudiamos su actuación y con quien los pueblos no vamos a dialogar por no ser un interlocutor válido del gobierno para solucionar nuestras demandas. Los pueblos indígenas exigimos contar con representantes del Estado que tengan solvencia moral y democrática, para sentar las bases de un diálogo de buena fe. 

CUARTO: RECHAZAMOS la persecución a nuestros líderes sociales, indígenas y campesinos; demandamos la derogatoria de los Decretos Legislativos que criminalizan la protesta social y demandamos el respeto irrestricto de los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas, quienes en un país en democracia y en Estado de Derecho, ejercemos nuestro legitimo derecho a la protesta, a la libertad de pensamiento y de expresión contra un gobierno que nos engañó vilmente en el proceso electoral. 

QUINTO: RESPALDAMOS las luchas emprendidas por nuestros hermanos y hermanas de las organizaciones vivas de Espinar, Cajamarca, La Libertad, Ancash, Huánuco, Ayacucho, Moquegua, Puno, Cahuapanas (Loreto) y otras regiones del país, envueltas en conflictos por la defensa de sus recursos hídricos, la intangibilidad de sus territorios, la calidad de vida y contaminación del medio ambiente, por propugnar un modelo de desarrollo diferente que es el Buen Vivir, frente a la irracional política extractivista y entreguista del Gobierno. 

SEXTO: PLANTEAMOS una inmediata y verdadera reforma legal en materia de políticas de inversión para las industrias extractivas, el optimo aprovechamiento de nuestros recursos naturales y los estándares ambientales, que recoja las prioridades de desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas con plena participación, consulta y consentimiento previo libre e informado, según lo establecido en los compromisos internacionales asumidos por el Estado Peruano para velar por el cumplimiento de los derechos de nuestros pueblos. 

SETIMO: ADVERTIMOS la presencia de agentes totalmente ajenos a los pueblos y organizaciones sociales que en complicidad con el servicio de inteligencia y las fuerzas policiales vienen sembrando “artefactos”, pintas, pasquines, y todo tipo de “evidencias” en los escenarios de conflicto, para justificar el empleo de las armas y la detención y represión en contra de nuestros hermanos y hermanas en pie de lucha. 

OCTAVO: Ante la gravedad de los hechos, DEMANDAMOS la presencia y vigilancia de la Defensoría del Pueblo, los organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos, así como del Sistema Internacional de Derechos Humanos y el Sistema de Naciones Unidas, para salvaguardar la vida y la integridad de las personas, los pueblos y comunidades indígenas que vienen reclamando el respeto de sus derechos colectivos. 

 ¡POR LA DEFENSA DE NUESTROS TERRITORIOS Y DERECHOS COLECTIVOS! 

¡POR LA UNIDAD DE NUESTROS PUEBLOS Y NUESTRAS LUCHAS! 

POR LA VIDA! 

 Jueves 31 de mayo de 2012 

Firman:

AIDESEP
CONACAMI
CNA
ONAMIAP

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Proyecto Conga debe suspenderse hasta que indígenas otorguen su consentimiento

Estado peruano omitió llevar a cabo un debido proceso de Consulta previa

Conacami 26/03/12.- Las organizaciones indígenas del Pacto de Unidad quienes plantearon una Medida Cautelar para suspender el proyecto Conga, este fin de semana en Washington, sustentaron con argumentos contundentes que el Estado peruano violó los derechos de los pueblos indígenas de Cajamarca.

En la reunión de trabajo concedida a las organizaciones indígenas, en la 144° periodo de sesiones, Magdiel Carrion presidente de CONACAMI, Gladis Vila de ONAMIAP y Milton Sánchez de la Plataforma Interinstitucional Celendina, demostraron que sí hay presencia de las Fuerzas Armadas en territorios comunales, continúa la persecución y criminalización a los líderes indígenas.

Se ha alterado la paz social, se han colocado tranqueras en las vías de comunicación entre Celendín y Bambamarca y se encuentran tomadas por la empresa con apoyo de las Fuerzas del Orden, se ha restringido el acceso a las lagunas y fuentes de agua a las comunidades y existe acoso por parte de la Empresa y/o el Estado a los comuneros, la empresa esta operenado en la zona.

El diálogo no se ha restablecido, no hay ninguna mesa de diálogo con las comunidades afectadas, el presidente del Concejo de Ministros Oscar Valdez ha impuesto los términos de referencia de un Peritaje Internacional que servirá solo para que dé recomendaciones para mejorar el EIA del proyecto.

De los 19 heridos producto de la violenta represión ordenada por el Gobierno el pasado 29 de noviembre, varios de ellos se debaten entre la vida y la muerte, como Elmer Campos quien está postrado en estado parapléjico; sin que se haya ordenado investigación para determinar el responsable de este atentado contra la vida, la integridad física y los derechos humanos.

A pesar que el Convenio 169 está vigente en el Perú desde 1995, el Estado no ha cumplido con consultar y obtener el consentimiento de las comunidades y rondas campesinas de Cajamarca para autorizar la exploración y operación del mega proyecto Conga, que depositará relaves tóxicos en las lagunas ubicadas en cabeceras de cuenca.

Si bien, el Estado mediante la Resolución Ministerial Nª 026-2010 MINAM, promueve el ordenamiento territorial; al mismo tiempo se contradice al tramitar un proceso de inconstitucionalidad sobre una norma regional que legitima ese ordenamiento de zonificación económica y ecológica, declara la intangibilidad de las cabeceras de Cuenca, y protege la vida y subsistencia de sus comunidades.

La ley la Consulta que fue resaltado como un logro por el Estado, en la práctica está en etapa de demanda de modificatoria cuyo reglamento fue elaborado sin tomar en cuenta los aportes de los pueblos y mal utilizando a dos organizaciones, aún así al final entregaron 29 puntos sin consensuar.

Pedidos de las organizaciones

La delegación peruana de indígenas peticionó que una Comisión Especial integrada por miembros de la CIDH viste el lugar del proyecto Conga en Cajamarca; así mismo solicitaron que la Comisión que requiera al Estado peruano suspenda el proyecto Conga por causales de nulidad de pleno derecho.

Otra petición fue que el Estado levante la persecución judicial y criminalización, a los líderes sociales, de rondas y campesinos comprendidos en la investigación fiscal por defender sus lagunas.

Posición de los funcionarios del Estado

Mientras que el Ministro de Justicia, Juan Jiménez según nota publicada en el portal estatal Andina, aseguró que el proyecto Conga “ha tenido una amplia participación de la comunidad en una serie de reuniones convocadas por la empresa” lo cual demuestra que hay incumplimiento por parte del Estado, ya que las consultas las debe implementar el Estado y no la Empresa.

Para variar ante la CIDH, el Viceministro de Interculturalidad Iván Lanegra recalcó su desconocimiento de los sujetos de derecho a la consulta, dijo que “que no sabía que en Cajamarca habían pueblos indígenas” hasta que supieron de la medida cautelar.

La delegación indígena llevó pruebas fotográficas, videos y audios que fueron presentados a los Comisionados, además acompañaron Raquel Yrigoyen y Zulma Villa, asesoras legales del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad –IIDS.

Nota

Cabe señalar que recientemente las rondas de la comunidad de Huasmin intervinieron a varios trabajadores de una ONG, vinculada a la empresa Yanacocha concesionaria del proyecto Conga, porque intentaban convencerlos de la conveniencia del proyecto.

En otro momento, las rondas de Celendín incautaron un cargamento de cocinas y balones de gas que habrían sido destinadas a las comunidades del área de influencia del proyecto Conga, impulsadas desde el Ministerio de Energía y Minas.

Finalmente, el Presidente del Consejo de Ministros (PCM), Oscar Valdés, anunció que ésta semana será aprobado el reglamento de la Ley de Consulta Previa, sin haber contestado la demanda del Pacto de Unidad cuyo plazo razonable de 30 días otorgado al Estado, se venció el pasado 20 de marzo.

Raquel Irigoyen, Zulma Villa, Milton Sánchez, Gladis Vila y Magdiel Carrión
(Delegacíón Indígena en Washington)

Área de Comunicaciones
CONACAMI PERÚ



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Audiencia de la CIDH evaluará Medida Cautelar contra el proyecto Conga

Conacami 21/03/12.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evaluará este 24 de marzo en Washington, los argumentos de las organizaciones indígenas, Rondas de Cajamarca y representantes del Estado peruano, sobre el pedido de una Medida Cautelar a la ejecución del proyecto Conga.

Las organizaciones han acudido a esta una instancia internacional porque el actual Gobierno ha tomado partido a favor de la empresa minera cuyo premier Oscar Valdez en vez de garantizar un verdadero proceso, ha deslegitimado los espacios de diálogo democrático y paritario para imponer un “Peritaje Internacional” que el pueblo no le ha pedido.

La Medida Cautelar pide que se deje sin efecto la concesión y los derechos otorgados a la empresa minera Yanacocha, por no haber sido consultado ni contar con el consentimiento de los pueblos y rondas de Cajamarca conforme lo estipula el Convenio 169 de la OIT.

Así mismo cese la represión contra estos pueblos que ejercen su derecho a definir sus prioridades de desarrollo de no otorgar su consentimiento al mega proyecto Conga que afectará irreversiblemente su subsistencia, por la intervención de un conjunto de lagunas y cabeceras de cuenca.

Argumentos del Estado

Según argumentó el Estado en su respuesta escrita, “no está vigente el estado de emergencia, no existe represión policial, no se ha iniciado actividades mineras, está en marcha un proceso de diálogo con los representantes de las comunidades y líderes y que por tanto la ilustrada no debe conceder medidas cautelares”.

Además Luis Salgado procurador supranacional adelantó que en este momento “no hay razón de urgencia ni inminente daño irreparable a derechos humanos para que se acceda al pedido de estas cinco organizaciones”.

Enfatizó que Manuel Pulgar Vidal, ministro del Ambiente explicará ante la CIDH que “el Gobierno peruano impulsa un nuevo modelo de minería orientado a respetar el medio ambiente y fomentar el desarrollo sostenible”.

Argumentos de las organizaciones del Pacto de Unidad y rondas de Cajamarca

Según el alegato presentado por las organizaciones del Pacto de Unidad, la vulneración de de derechos humanos, los daños irreparables al ecosistema y el peligro de subsistencia de los pueblos de Cajamarca ocasionadas por la empresa Yanacocha se remontan unos 20 años.

El proyecto Conga no es otra cosa que el Plan Estratégico de Expansión de la Empresa Yanacocha que para alcanzar la producción de 7 millones de onzas y 400 Mlbs de bronce; impactará irreversiblemente las fuentes naturales de captación de aguas y destruirá todo un sistema de lagunas, colchones acuíferos y bofedales que abastece a cinco cuencas.

Su propio estudio de impacto ambiental señala la desaparición de las lagunas denominadas Perol, Mala, Azul y Chica, intervención de la cabecera de cuenca de los ríos Jadibamba, Chailhuagón, quebradas de Chirimayo y Toromacho, afluentes de los ríos Cedamal, Chonta y Llaucano, que son fuentes de abastecimiento de agua de la región Cajamarca.

En la actualidad la empresa tiene intervenida la zona de las lagunas, las territorios comunales están ocupadas por maquinarias, hay desplazamiento de personal técnico y operativo, existe resguardo policial especializada y cierre de las carreteras y vías de comunicación.

Tal como se advertía evitar en la solicitud de la Medida Cautelar, el Estado omitió la protección de los derechos humanos de los pobladores, la represión ordenada contra Cajamarca dejó como saldo 19 campesinos y ronderos heridos, varios de ellos grave e irreversiblemente afectados como Elmer Campos quien quedó en estado parapléjico.

Las fuerzas del orden al servicio de la empresa minera han incursionado en las comunidades, cuyos excesos se registró el último 16 de marzo en Sorochuco, en la que una mujer gestante fue brutalmente golpeada, han fracturado el brazo de una de sus dos niñas. Existe actualmente acoso, hostigamiento y persecución judicial a los principales líderes sociales indígenas emprendida por el Ministerio Público.

La afirmación que hace el Estado de que “no se ha iniciado actividad minera en la zona” es una falta a la verdad y de muy mala fe, debido a que los conflictos se han registrado precisamente por la presencia de personal, maquinarias, inicio de operaciones de prospección y movimiento de tierras en la zona.

Las lagunas, los territorios comunales y hasta la carretera han sido tomadas por la empresa con apoyo policial, han sido restringidos el libre tránsito peatonal y vehicular, pastoreo y acceso de los comuneros a sus territorios, lagunas y fuentes de agua.

Por otro lado el “proceso de diálogo” tampoco está establecido, el Premier Oscar Valdez, no ha querido escuchar los argumentos de los pueblos afectados, ha negado la participación de los legítimos representantes de las rondas y organizaciones comunales y sociales en las pretendidas mesas de diálogo que nunca se instaló.

El Estado ha vulnerado los derechos que le asiste a las comunidades y rondas campesinas comprendidas en el Convenio 169 de la OIT, a quienes debió consultar y al tratarse de un mega proyecto con el agravante de depositar desechos tóxicos en las lagunas, tenía la obligación constitucional de obtener su CONSENTIMIENTO libre previo e informado.

Estrictamente en el marco del estado de derecho, las Rondas campesinas según el artículo 149 de la Constitución Política del Perú y artículo primero de la Ley N° 27908, Ley de las rondas campesinas, a éstos les asiste en todo sus extremos los derechos de los pueblos indígenas y por lo tanto están bajo esa tutela.

El rechazo a la imposición de proyectos de desarrollo que atentan a la integridad física, biológica y cultural de los pueblos, lesivos al medio ambiente, inconsultos y sin diálogo ni consentimiento previo como Conga se ha evidenciado en la gran Marcha Nacional del Agua que congregó a más de 15 mil manifestantes quienes se han solidarizado con el pueblo de Cajamarca.

Por otro lado los 152 conflictos activos y 77 conflictos latentes y las 177 acciones colectivas de protesta reportadas en febrero por la Defensoría del Pueblo constituyen un claro indicador que el Gobierno no está cumpliendo con privilegiar el diálogo ni se incluyen las demandas de los pueblos indígenas en las políticas públicas.

Cuestiones que esclarecer

Ante la Comisión comparecerán Milton Sánchez Cubas, Secretario General de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC) en representación de las organizaciones de Cajamarca y Magdiel Carrion Pintado ex rondero de Piura y actual presidente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), en representación del Pacto de Unidad.

El Pacto de Unidad la conforman 5 Organizaciones AIDESEP; CONACAMI; CNA; CCP y ONAMIAP, organizaciones indígenas de alcance nacional. Lastimosamente un sector de la prensa viene señalando que la medida fue presentada por “Antimineros radicales”, “un grupo de ONGs” entre otros calificativos.

De otro lado, contrariamente a lo que señala el Estado, la Medida Cautelar no fue presentado para que se levante el Estado de Emergencia decretado el 4 de diciembre en Cajamarca, si no fue con anterioridad, el 1 de diciembre de 2011, para evitar “otro Baguazo”.

Teniendo como precedente la represión armada del 29 de noviembre en la laguna El Perol y otras zonas, una inminente militarización de la región de Cajamarca, la persecución a líderes sociales, pero principalmente la afectación a la supervivencia de los pueblos de Cajamarca por la imposición por vía de la fuerza del proyecto no consultado Conga.

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Julio Quispe Medrano
Área de Comunicaciones
CONACAMI PERÚ

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Estado peruano promulgará un reglamento deslegitimado y rechazado por los pueblos indígenas

Comisión Multisectorial sobre Ley de Consulta terminó su tarea con la firma del acta de acuerdos.

Conacami 06/03/12.- De 29 artículos, en 18 de no hubo consenso, por lo tanto una vez más, el Estado tomará las decisiones a espaldas del pueblo, como resultado de haber continuado en el proceso de reglamentar la Ley de Consulta entre CONAP y CCP en contra de la voluntad de los pueblos (ver texto final de reglamento del Ejecutivo).

De esta manera, sin consenso, con una minoría representativa y sin legitimidad, terminó su tarea la Comisión Multisectorial quienes firmaron el Acta de acuerdos sobre el reglamento de la Ley N° 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios que será elevado al Concejo de Ministros para su promulgación.

El acta fue rubricada por Oseas Barbarán, en representación de la CONAP y Julián Páucar, por la CCP. Por el Gobierno lo hicieron el ministro de Cultura, Luis Peirano, el viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, y otros 17 viceministros así como funcionarios de diferentes sectores y de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Lo menos que pudieron hacer tanto la CCP como la CONAP es dejar constancia de la necesidad de que se incluya la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, la jurisprudencia nacional e internacional en los artículos que se refieren a la base legal del derecho a la consulta.

Lamentablemente no hubo mejores condiciones para que la CCP, valide el Artículo 7 de la Ley en que no está definido la situación de las comunidades campesinas andinas y costeras si van a ser no sujetos de consulta, por tanto las más de seis mil comunidades campesinas evaluarán a la CCP y deberán hacer prevalecer que son originarios, en la práctica, ya que la Ley no los incluye expresamente.

Un tema que preocupa es sobre las concesiones mineras forestales y de hidrocarburos es definir en la norma que la consulta debe realizarse antes de otorgar “cualquier derecho” para aprovechar recursos en territorios indígenas, este punto tampoco fue definido y una vez más avalaron una norma que solo servirá que se realice la consulta tras el inicio de las actividades de exploración y explotación.

Así terminó una etapa de diálogo con el Estado, la Comisión Multisectorial oficialmente fue disuelto con la firma del acta de entrega del reglamento que para variar lleva 16 desencuentros que deberá ser resuelto por el Estado sin ningún representante indígena.

Pacto de Unidad

Las organizaciones del Pacto de Unidad AIDESEP, CONACAMI, CNA y ONAMIAP, ya han manifestado mediante un pronunciamiento público su rechazo al “reglamente lanegra”, por que ha dejado de lado todos los aportes de los talleres macro regionales en el que participaron mas de tres mil dirigentes regionales.

Entre tanto esperan hay una remota posibilidad que ejecutivo elabore el texto sustitutorio a los artículos observados de la Ley y las envíe al Congreso, ya que está en su facultad antes de promulgarlo; sin embargo adelantaron que de consumarse la promulgación del referido documento ya no esperarán los 30 días que señalaron como plazo razonable para iniciar acciones legales en las instancias correspondientes.

Relator Especial de las naciones Unidas james Anaya

Por su parte esta semana el relator Especial de las naciones Unidas james Anaya arribó al Perú para formar parte de una serie de actividades en las cuales entablo reuniones de trabajo con los miembros del Pacto de Unidad, en el que recogió documentos y registros la mala fe con que ha actuado el estado peruano en la implementación de la ley de Consulta.

El Relator e acuerdo a las evaluaciones de los informes recogido alcanzará sus recomendaciones al estado peruano para el cabal cumplimiento de de los derechos establecidos en el marco jurídico internacional y que a pesar de las dificultades hay un horizonte de logros y conquistas en el reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas a nivel global.

Comisión de Expertos

Hay que recordar que la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (CEACR), pidió al Gobierno Peruano adoptar las disposiciones del Convenio 169 en el Reglamento de la Ley de Consulta Previa antes de ser aprobado.

“La Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias con miras a asegurar que el reglamento que se adopte tenga plenamente en cuenta las disposiciones del Convenio”, señala el documento. Asimismo, solicita al Gobierno enviar “información al respecto así como sobre toda medida relativa a la implementación de la ley”.

Este pedido fue realizado a través del “Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones”, documento de la CEACR sobre el Convenio 169, elaborado como resultado de su reunión número 82, efectuada en Ginebra, del 24 de noviembre al 9 de diciembre de 2011. (Ver documento)

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Relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, se reunió con el Pacto de Unidad

Conacami 10/03/12.- James Anaya relator especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en su visita a Perú sostuvo una reunión con dirigentes indígenas del Pacto de Unidad, en el recogió las demandas de los pueblos y el evidente atropello del Estado peruano al reglamentar una ley de Consulta observada por los pueblos.

Anaya quien cumpliera una apretada agenda en Perú, mostró su preocupación por la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas y los reportes de violaciones de derechos colectivos que tiene que ver con la afectación de la vida y la salud de las personas por los impactos y contaminación de las industrias extractivas, criminalizacion de la protesta indígena entreo otros temas.

La presencia de Anaya también fué para participar en el marco del “III Seminario Internacional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, Consulta y Consentimiento en Actividades Extractivas” que inicia el martes 6 de marzo en el Congreso de la República.

Precisamente acorde a la coyuntura peruana, el Relator abordó sobre “Derecho al Consentimiento previo, libre e informado en actividades extractivas en territorios indígenas” cuyo escenario es el Hemiciclo Porras Barrenechea, en la sede del Congreso.

Según el programa del evento alternaron como panelistas alberto Pizango Chota en representación del Pacto de Unidad de organizaciones indígenas, el Defensor del Pueblo Eduardo Vega, la congresista Marisol Pérez Tello e Iván Lanegra Viceministro de Interculturalidad.

El día miércoles 7 el evento continuó en el edificio Sánchez Carrión, ubicado en el jirón Azángaro 468, Cercado de Lima, con la participación de Manuel García, coordinador del Proyecto PRO 169 de la OIT y Renzo de Kartzow, quienes expondrán las “Obligaciones del Estado y de las empresas de actividades extractivas en territorios indígenas”.

Igualmente el panel esta vez compuesto por magdiel Carrion Pintado presidente de CONACAMI y representantes del Pacto de Unidad, Mariano Castro viceministro de Gestión Ambiental y contó con la moderación de Raquel Irigoyen del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad.

El evento fue organizado por el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), la parlamentaria cuzqueña Verónika Mendoza y la Universidad Católica, con el auspicio de GIZ.

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Estado peruano consuma violación de Derechos de los Pueblos Indígenas, mediante la reglamentación de una inconstitucional Ley de consulta

PRONUNCIAMIENTO

ESTADO PERUANO CONSUMA VIOLACION DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, MEDIANTE LA REGLAMENTACION DE UNA INCONSTITUCIONAL LEY DE CONSULTA

Las organizaciones nacionales de los pueblos indígenas que conformamos el Pacto de Unidad (AIDESEP, CNA, CONACAMI y ONAMIAP), rondas campesinas, frentes regionales de defensa, organizaciones de base, organizaciones de mujeres y comunidades de la costa, los Andes y la Amazonía del Perú, luego de llevar adelante seis Talleres Macro Regionales y un Encuentro Nacional para la evaluación interna del borrador de reglamento de la Ley Nº 29785, Ley del derecho a la Consulta Previa a los pueblos indígenas u originarios reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional para expresar lo siguiente:

CONSIDERANDO: Que el presidente Ollanta Humala antes de llegar a su investidura, prometió cogobernar con los pueblos indígenas, quienes con nuestros votos defendimos su candidatura en primera y segunda vuelta; asumió ante nosotros y nosotras el teniendo el mandato histórico de resarcir las sistemáticas violaciones de derechos humanos; y que hasta el momento no ha cumplido su palabra, no garantiza un diálogo intercultural de buena fe, no atiende nuestras demandas, ni ha restituido una Institucionalidad Indígena dentro del Estado. La promesa de la “Gran Transformación” debió empezar por corregir una ley surgida en una coyuntura de profunda agresión racista.

Que la Ley N° 29785, ha costado un largo proceso de lucha de los pueblos indígenas en diferentes escenarios del Perú, además, de la muerte y derramamiento de sangre de nuestros hermanos en Bagua que dio paso a la promulgación de una “Ley de consulta” sin haber sido consultada a los propios pueblos, la misma que contiene artículos inconstitucionales que transgreden el espíritu del Convenio 169 de la OIT y no constituye un verdadero instrumento de protección de todos nuestros derechos colectivos.

Que las organizaciones de los pueblos indígenas hemos trabajado de buena fe, de manera ardua y responsable para evaluar la Ley de Consulta y el proyecto de reglamento, en seis Talleres Macro Regionales y un Encuentro Nacional, cuya conclusión fue la MODIFICATORIA de la Ley antes de su reglamentación; sin embargo el Viceministerio de Interculturalidad ha desconocido este acuerdo y ha impulsando la reglamentación de una norma inconstitucional que viola derechos sustantivos reconocidos en el Convenio 169 de la OIT y el derecho internacional; convirtiéndose en del principal operador de los intereses de la política económica neo extractivista del gobierno de turno y del sector empresarial transnacional.

POR LO QUE: RECHAZAMOS categóricamente el “Reglamento de la Ley de Consulta”, documento UNILATERAL elaborado por el Viceministro de Interculturalidad, validada por una desigual Comisión Multisectorial de dieciocho Vice ministerios con dirigentes de solo dos organizaciones, CONAP y CCP captados vergonzosamente por el Estado y las transnacionales para legitimar una norma inconstitucional, los cuales NO nos representan a los más de 10 millones de indígenas peruanos, por tanto, nos encontramos en un Estado de Derecho violatorio y atentatorio a los derechos Constitucionales, dicho “reglamento” no incluye los valiosos aportes de más de tres mil dirigentes, hombres, mujeres y jóvenes de los propios pueblos indígenas que participaron en los talleres macro regionales, los cuales han sido defraudados y traicionados.

DEMANDAMOS al Estado Peruano los 17 años de violación sistemática de nuestros derechos colectivos y EXIGIMOS el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, así mismo, que adopte y garantice la decisión de los pueblos indígenas costeros, andinos y amazónicos, quienes exigimos la MODIFICATORIA de los Artículos 1, 2, 4, 7, 15, 19 y 2da disposición complementaria de la Ley 29785, por las razones siguientes:

Artículo 1.- Debe incluir TODA afectación, no solo “la directa” considerar toda fuente jurídica internacional, como la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas y no solo el Convenio 169 de la OIT.
Artículo 2.- Debe proteger TODO derecho indígena, no solo los “colectivos” e INVALIDA todo acto no consultado a los pueblos.
Artículo 4- Debe ampliar los principios de la consulta de solo 7 a los 18 concertados con el Estado en abril 2010.
Artículo 7.- Considerar indígenas a TODOS los descendientes desde antes de la colonia, y no limitarlos a los descendientes “directos” y quienes conserven “todos” los elementos culturales que excluye a las rondas campesinas y pueblos costeros.
Artículo 15.-Precisar que la “decisión final” estatal, está obligada a lograr el Consentimiento cuando se trata de megaproyectos, depósito de relaves tóxicos, desplazamientos poblacionales o se afecte la supervivencia; a una segunda etapa de diálogo; a no afectar el derecho a un medio ambiente equilibrado.
Artículo 19.- El Vice Ministerio de Interculturalidad no puede ser juez y parte en los reclamos sobre cuándo debe consultarse al mismo tiempo garantizar se cumplan los acuerdos; aquí se requiere de una Institucionalidad Indígena Autónoma dentro de la estructura del Estado.
2da. Disposición final.- Revisar y consultar los actos impuestos que hayan violado el Convenio 169 de la OIT desde 1995 y no convalidarlos, ni confundir con “participaciones”.

EXIGIMOS al Estado Peruano respete nuestro derecho de participación en la elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo que afecten a nuestros pueblos, garantice nuestro derecho al CONSENTIMIENTO mediante la consulta previa, libre e informada, el derecho a participar de manera efectiva en la toma de decisiones e implementación de políticas públicas, para el cual el Estado debe restituir en el menor plazo posible y de manera obligatoria una Institución Indígena Técnica Especializada, autónoma con rango Ministerial.

EXHORTAMOS a la Defensoría del Pueblo, a pronunciarse y hacer público sus informes de los talleres macro –regionales y nacional realizados, demostrando así la imparcialidad conforme a Ley le corresponde como un ente defensor de la sociedad, por tanto, inicie las acciones legales de denuncias de maltrato, falta de cumplimiento de acuerdos y mala fe con que han actuado los funcionarios del Estado en los talleres macro regionales, así como la demanda de MODIFICAR los artículos de la Ley 29785.

RECHAZAMOS a aquellas organizaciones de la sociedad civil (ONG’s) que en la actual coyuntura se han dedicado a buscar beneficios, protagonismo individual, rédito mediático y político y alinearse con el gobierno, soslayando la verdadera agenda y demanda de los pueblos indígenas del Perú a los cuales dicen apoyar.

REPUDIAMOS a aquellos medios de prensa como el diario “La Razón” que, cuya actitud abiertamente provocadora, pretende alentar la persecución de nuestros líderes y organizaciones tildándonos como “ONG´s”, “anti mineras”, “extremistas”, “violentistas” entre otros calificativos, cuyo objetivo es desinformar a la opinión pública distorsionando la legitimidad y constitucionalidad de nuestras demandas.

RESPONSABILIZAMOS al Gobierno por los sucesos de violencia, represión y derramamiento de sangre, ocurridos en los conflictos que afrontan los pueblos y comunidades por proyectos que NUNCA FUERON CONSULTADOS. Dejamos constancia de la intransigencia del Estado de modificar una Ley de Consulta que debe garantizar el estado de derecho, por lo que APELAMOS a la solidaridad nacional e internacional para afrontar esta flagrante violación de derechos humanos a nuestros pueblos, y que ahora se pretende consumar y legitimar en el Perú.

Las organizaciones nacionales AIDESEP, CONACAMI, CNA y ONAMIAP, saludamos la convergencia de FEMUCARINAP, UNCA, Rondas campesinas y los Frentes de Defensa, que obedeciendo las demandas de nuestras bases, cuyos acuerdos emanan de la Asamblea Nacional realizada en Lima, del 13 al 15 de febrero, nos RATIFICAMOS EN RESPETAR sus demandas; por lo que REITERAMOS al Gobierno que a través de sus estamentos MODIFIQUE los artículos señalados de la Ley 29785; caso contrario, haremos prevalecer nuestro derecho a la AUTODETERMINACIÓN en nuestros territorios y acudiremos a las instancias jurisdiccionales nacionales e internacionales, ante esta nueva agresión de nuestros derechos colectivos.

Lima, 04 de marzo de 2012

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Roger Rumrrill: Propuesta de varios reglamentos traicionaba el espíritu del convenio 169

Conacami 22/02/12.- Roger Rumrrill García quien formó parte del equipo técnico de Ollanta Humala, manifestó que el actual reglamento de la Ley 29785 Ley de Consulta que impulsa el gobierno ha sido distorsionada por influencia de las empresas mineras y las multinacionales, cuyo responsable sería Ivan Lanegra.

Rumrrill quien también participo en las primeras reuniones de elaboración del reglamento en el periodo de Vicente Otta, dijo que recuerda “que la primera reunión el representante de Energía y Minas, ante nuestro asombro” aseguró que “la ley no tenía que tener un solo reglamento debería tener varios”.

Luego en otro evento en el que coinciden “lamentablemente Ivan Lanegra dijo que la Ley de consulta necesitaba varios reglamentos”, lo que lo sorprendió aún más “entonces esa propuesta traicionaba el espíritu del convenio 169” Rumrrill García.

Ante un auditorio en el que brillaba Lanegra, personal de vice ministerio y el INDEPA, a pesar que estuvieron invitados, Roger Rumrrill extrañó la ausencia del titular del Viceministerio de Interculturalidad para recordarle que aquella vez planteó como “un gran problema la falta datos de los indígenas, es decir no sabía quiénes eran indígenas”, lo que le causó una enorme preocupación.

En ese sentido para Rumrrill, “ha habido fuerzas que han intentado distorsionar y bloquear los alcances de la Ley y de hecho existen intereses ahora de bloquear los alcances de la Ley”, aseguró el también escritor e investigador de la cultura amazónica.

Ley de Consulta en fojas cero

Durante su comentario en la presentación del Libro: La Consulta Previa y y retos pata una Institucionalidad Estatal en materia Indígena, llevada a cabo en el Congreso de la república esta semana, Rumrrill, dijo que la Ley de Consulta es una de las leyes es más importantes en los últimos años, que reconoce y legitima derechos a los indígenas.

Así mismo indico que las organizaciones indígenas del Pacto de Unidad, han realizado severas observaciones y que no solo ha rechazado el reglamento, sino que han planteado “no vale la pena reglamentar mientras no se modifique la ley”, lo cual ha vuelto el debate a “fojas cero”.

Es esa perspectiva Rumrrill destacó las observaciones de Bartolomé Clavero quien aseguró que “este reglamento es peor que insuficiente”, además “ha dicho que el reglamento permitirá a las empresas burlar derechos a los pueblos indígenas” aseguró.

La Ley plantea revisar la confrontación del modelo económico occidental y el modelo indígena

El debate sobre la Ley y su reglamento ha planteado un problema mayor, la confrontación de un modelo económico extractivita y neo extractivista que ha generado la peor crisis climática, económica y social en el mundo, según Roger Rumrrill.

El pensamiento indígena va más allá y es una propuesta post extractivista, “el cual revisa sustancialmente y estructuralmente el pensamiento occidental, por lo tanto la Ley de Consulta debe servir para revisar esa suerte de paranoia extractiva que origina la crisis climática” concluyó.

Rumrrill García pidió finalmente que el Congreso de la República, “haga una nueva Ley u opte por la revisión de la norma que se ajuste al planteamiento de los indígenas “que los recursos de la naturaleza se use con respeto y de manera sostenible”.

Julio Quispe Medrano
Área de Comunicaciones
CONACAMI PERÚ

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Organizaciones Indígenas anunciarán medidas legales sobre ley de Consulta en Conferencia de Prensa

Conacami 18/02/12.- Con la finalidad de dar a conocer su postura frente a los resultados de los talleres macro regionales de demandan MODIFICAR la Ley de Consulta, las organizaciones Nacionales del Pacto de Unidad, convocan a una conferencia de prensa que se realizará este lunes 20 de febrero Mariscal Miller 932 – Jesús María a las 10:30 de la mañana.

Según la convocatoria en la cita de prensa, las Organizaciones Indígenas anunciarán medidas legales a nivel nacional e internacional para lograr una Ley de Consulta de acuerdo al Convenio 169 de la OIT ante la negativa del gobierno de escuchar las demandas de los pueblos indígenas para consensuar la Ley de Consulta y su respectivo reglamento.

Gladis Vila (presidenta de ONAMIAP), Antolín Huáscar (presidente de CNA), Magdiel Carrión (presidente de CONACAMI) y Alberto Pizango (presidente de AIDESEP), explicarán las medidas legales que adoptarán mientras esperan la respuesta del ejecutivo ante su demanda de elaborar un texto sustitutorio para modificar la Ley 29785, en el plazo de 30 días.

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PARA EL CUADRO DE COMISIONES

Lunes, 20 de febrero de 2012
Hora: 10.30 a.m.

Organizaciones Indígenas anunciarán medidas legales a nivel nacional e internacional para lograr una Ley de Consulta de acuerdo al Convenio 169 de la OIT.

Señor
Jefe de Informaciones – Editor Política
Presente.-
De mi especial consideración:

Las organizaciones indígenas que integran el Pacto de Unidad (AIDESEP, CNA, ONAMIAP y CONACAMI) tiene el agrado de invitar a usted y a su medio de comunicación a la Conferencia de Prensa que se realizará para anunciar las medidas legales en el ámbito nacional (demanda de inconstitucionalidad) e internacional (medida cautelar a la CIDH) para exigir al Estado la modificatoria de la Ley de Consulta y la elaboración de un reglamento debidamente consultado y adecuado al Convenio 169 de la OIT y los estándares internacionales.

En dicho evento estarán presentes Gladis Vila (presidenta de ONAMIAP), Antolín Huáscar (presidente de CNA), Magdiel Carrión (presidente de CONACAMI) y Alberto Pizango (presidente de AIDESEP), quienes explicarán los detalles de estas medidas legales que
adoptarán ante la negativa del gobierno de escuchar las demandas de los pueblos indígenas para consensuar la Ley de Consulta y su respectivo reglamento.

DÍA        : Lunes, 20 de febrero de 2012.
LUGAR : Mariscal Miller 932 – Jesús María.
HORA   : 10:30 a.m.
Agradeciendo la participación de un representante de su medio de comunicación, quedamos de usted.

PACTO DE UNIDAD

Coordinaciones: Karin Anchelía – ONAMIAP (991 256 770); Julio Quispe – CONACAMI 01-7175506  (RPM #085545); Edson Rosales – AIDESEP (997876616 / RPM #967693972)

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Bartolomé Clavero sostendrá reuniones de trabajo con organizaciones indígenas del Pacto de Unidad

Conacami, 15/01/12.- Bartolomé Clavero Salvador, experto jurista español, Vice Presidente del Foro Permanente de Naciones Unidas (ONU) para las Cuestiones Indígenas entre el 2008 y 2010, sostendrá reuniones de trabajo en Perú, con los diferentes actores del Estado, la sociedad Civil y las organizaciones indígenas, sobre el derecho a la Consulta.

Una de las actividades trascendentes es el Foro Público sobre: “Aspectos Críticos para la Implementación del Derecho a la Consulta Previa en el Perú: Mejorando la democracia y el desarrollo” a realizarse en Lima, auditorio del Hotel Sol de Oro.

En este evento también participarán: Oscar Espinoza, profesor e investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la congresista Verónica Mendoza, y los dirigentes indígenas del Pacto de Unidad.

El Pacto de Unidad, que organiza el evento la conforman: la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami), la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confederación Campesina del Perú (CCP) y la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap).

El evento también cuenta con la participación en la organización de la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), la Fundación Rainforest y Chirapaq, con el auspicio de la organización solidaria internacional Oxfam.

Agenda:

El lunes 16 de enero, Bartolomé Clavero, asistirá a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso de la República, para realizar una presentación actualizada del derecho internacional sobre pueblos indígenas.

Abordará ante los congresistas, en qué consisten los estándares internacionales en materia de derechos indígenas, en especial los relacionados a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado.

El martes 17 sostendrá una reunión de trabajo con los integrantes del Pacto de Unidad de organizaciones indígenas, para afinar la propuesta del pacto sobre estándares internacionales y principios mínimos no negociables sobre consulta.

EL miércoles 18 sostendrá una reunión de trabajo con la prensa cuya conferencia esta prevista a las 9 de la mañana en el auditorio del Hotel Foresta, calle los libertadores n° 490 San Isidro.

Por la noche del mismo día, Bartolomé Clavero, realizará una exposición magistral abierta al público el miércoles 18 de enero de 6 a 9 p.m. en el Salón Empresarial I del Hotel Sol de Oro, ubicado en la Calle San Martín 305, Miraflores.

El jueves 19 se trasladará hasta la ciudad de Iquitos para ilustrar las implicancias del derecho Internacional sobre derechos de los pueblos indígenas en el marco del Taller macro regional Oriente II, programado para el 19 y 20 de enero.

Cabe señalar que Bartolomé Clavero Salvador es doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla y catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la misma Universidad.

Fue Vice Presidente del Foro Permanente de Naciones Unidas (ONU) para las Cuestiones Indígenas (2008-2010) y ha escrito numerosos artículos y libros sobre historia y derecho internacional de los pueblos indígenas.

Colaboró con la “Comisión Especial Multipartidaria Encargada de Estudiar la Problemática de los Pueblos Indígenas” del Congreso de la República del Perú en mayo de 2009 y ha visitado nuestro país en varias ocasiones.

El portal de la Agencia de Noticias Servindi, ha recopilado un listado de sus últimas obras, y publicaciones, el cual recomendamos revisar. http://servindi.org/actualidad/57425

También pueden ir directamente al sitio web de Clavero en http://clavero.derechosindigenas.org/ en el que aborda diversos temas relacionados a los derechos de los pueblos indígenas.

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Indígenas evaluarán borrador del reglamento de la Ley de consulta previa

Pacto de unidad de organizaciones indígenas nacionales representativas son las que llevarán la conducción de los eventos macro regionales

Pacto de Unidad 01/01/12.- Las organizaciones nacionales indígenas representativas, en atención a la Resolución Suprema N°337-2011-PC, que los integra a la Comisión Multisectorial, para efectos de la reglamentación de la Ley de Consulta, desarrollarán 7 talleres macro regionales de evaluación.

El objetivo de estos encuentros es revisar y aportar a la propuesta del borrador del reglamento de la Ley n°29785 Ley de la consulta previa, cuya participación por evento es de 300 lideres dirigentes y dirigentas locales y regionales de las 6 organizaciones que integran la Comisión Multisectorial y 600 líderes en la nacional.


Según lo programado serán 6 los evento en provincias: Chiclayo 7 y 8, Pucallpa 12 y 13, Huancayo 16 y 17, Iquitos 19 y 20, Cusco 23 y 24, Bagua 27 y 28 de enero y una nacional en Lima los días 8,9 y 10 de febrero de 2012.

La convocatoria va por cuenta de cada organización nacional que conforma el Pacto de Unidad: la Asociacion Interétnica de desarrollo de la Selva peruana (AIDESEP), la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI PERÚ).

También forman parte del Pacto la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confederación Campesina del Perú (CCP) y la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas (ONAMIAP).

Así mismo la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) ha sido invitada por el ejecutivo a conformar la comisión Multisectorial, cuyos delegados también participarán en el presente proceso.

El Vice Ministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, garantizará la logística del presente proceso mediante el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (INDEPA).

Cronograma de desarrollo de talleres macro regionales 

Nº	Eventos	Regiones que participan	Sede	Fecha	Cant.
1	Macro Norte	Tumbes, Piura, La Libertad, Cajamarca, Ancash, Lambayeque	Chiclayo	7 y 8 de enero de 2012	300
2	Macro Oriente I	Ucayali	Pucallpa	12 y 13 de enero de 2012	300
3	Macro Centro	Ayacucho, Huánuco,   Huancavelica, Pasco, Junín, Ica y Lima provincias	Huancayo	16 y 17 de enero de 2012	300
4	Macro Oriente II	Loreto	Iquitos	19 y 20 de enero de 2012	300
5	Macro Sur	Arequipa, Tacna,   Moquegua, Cusco, Puno, Apurímac, Madre de Dios	Cusco	23 y 24 de enero   2012	300
6	Macro Oriente III	Amazonas, San Martín	Bagua	27 y 28 de enero de 2012	300
7	Encuentro	Lima	Lima	8, 9 y 10 de febrero 2012	600

Las diferentes organizaciones regionales bases del Pacto de Unidad y otras deberán ponerse en contacto con sus Organizaciones Nacionales, para la acreditación de delegados, mayores informes en los siguientes correos y teléfonos:

CONACAMI conacamiperu@gmail.com o pueden llamar al telefono 17175505.
AIDESEP comunicacionesaidesep.org.pe teléfono 14722683.
CCP   telefono celular 975597005.
CNA   ahuascar@cna.org.pe   teléfono 1428-3805.
ONAMIAP onamiap@gmail.com  teléfono 1 - 4335714.
CONAP nicolas.reategui@gmail.com teléfono 981 976 632.

Coordinación del Pacto de Unidad

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