Historia de Conacami

CONACAMI Perú surgió como la respuesta y resistencia de las comunidades originarias de los Andes a la expansión de transnacionales mineras que actúan en nuestro país. Utilizando su poder económico y político, estas empresas promueven cambios en los marcos legales a fin de legitimar su acción de impunidad legal, mientras ignoran cínicamente los impactos ambientales, sociales y culturales que producen miles de victimas de la minería, todo con anuencia y promoción de nuestras propias autoridades.

La resistencia y construcción de la organización de los afectados por la minería se inició entre el 1997 y 1998, en pleno apogeo de la dictadura de Fujimori con su imposición del neoliberalismo salvaje, la desestructuración de organizaciones sociales, las privatizaciones y el crecimiento de empresas trasnacionales mineras en las tierras y territorios de las comunidades.

El proceso de organización llegó a su máxima expresión al concretarse la fundación en octubre de 1999 de la Coordinadora Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería – CONACAMI. Luego de su primer aniversario se realizó la “I Marcha Nacional de las Comunidades Afectados por la Minería” hacia la ciudad de Lima.

Las resistencias en las comunidades afectadas, la consulta vecinal desarrollada en Tambogrande así como la capacidad organizativa y de movilización de CONACAMI logró visibilizar y posicionar los conflictos socio-ambientales, los impactos de la minería en las comunidades y la creciente conflictividad, en la agenda pública nacional.

Consecuentemente, se logró la apertura del debate político sobre la problemática. Un hito importante en esta etapa era la II Marcha Nacional de las Comunidades y Poblaciones Afectadas “Por la Vida, la Tierra, el Agua, el Agro y el Derecho a la Consulta” en el 2002.

El II Congreso Nacional de la CONACAMI realizada en octubre del 2003, marcó una etapa de desarrollo organizativo. Allí se decidió trascender como la organización confederada de las comunidades y pueblos indígenas del Perú y asumir como eje fundamental de la organización los principios y fundamentos de nuestra ancestralidad.

Eso incluye el auto-reconocimiento como comunidades Quechua-Aymara, la afirmación de CONACAMI como parte del Movimiento Indígena andino y continental, así como el asumir de la defensa de los derechos colectivos y la construcción de un país basado en la Plurinacionalidad y el Buen Vivir desde nuestras comunidades como pueblos originarios indígenas.

Ese mismo año, junto con la hermana organización amazónica AIDESEP, se construyeron dos instrumentos importantes para el movimiento indígena peruano: la propuesta de Reforma Constitucional para incorporar los derechos de los pueblos indígenas y la propuesta de institucionalidad para el desarrollo de los pueblos indígenas. En ese periodo se convocó a la I Cumbre Nacional Indígena que se realizó en Huancavelica los primeros días de diciembre del 2004.

El desafío en el horizonte era el de colocar en agenda pública y política, así como en el debate nacional, la problemática de los pueblos indígenas en el Perú, negada por el colonialismos mental de nuestra sociedad.

A partir del año 2005 se incrementaron las luchas y resistencias comunitarias contra la actividad minera, mientras las políticas de gobierno profundizan su carácter ultra liberal y represivo. Las comunidades andinas de Ayabaca y Huancabamba, en Piura, elevaron su lucha con la II Marcha de Comunidades y Rondas para hacer respetar sus territorios usurpados por la empresa minera Río Blanco Copper.

Se evidenció una nueva forma de acción represiva de las fuerzas policiales quienes actúan en conjunto con grupos paramilitares “de seguridad” de la misma empresa. Los conflictos generados por el estado y las transnacionales mineras se tornaron en conflictos políticos, mientras se vio un incremento de la persecución, judicialización y criminalización de dirigentes y comuneros en todo el país.

En octubre de 2005 se realizó el III Congreso Nacional de CONACAMI en donde se determina la necesidad de iniciar un proceso de descentralización orgánica en instancias macroregionales para mejorar el acompañamiento directo a las comunidades afectadas para la defensa, el ejercicio y vigencia de los derechos colectivos de las comunidades y pueblos frente a la actividad minera.

Asimismo se decidió impulsar el proceso nacional de articulación con otras organizaciones regionales y nacionales. Un logro de esta etapa era la elaboración conjunta de la Agenda Nacional Indígena Campesina entre organizaciones campesinas indígenas del Perú.

En 2006 se avanzó en la tarea de globalizar las luchas y las resistencias. En julio se constituyó la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), instancia en el que interactuamos organizaciones indígenas de pueblos indígenas Quechua, Kichua, Aymara y Mapuche de Ecuador, Bolivia, Chile, Colombia y Perú. CONACAMI asumoó la coordinación política fundacional a través de la dirigencia de Miguel Palacín.

El año 2007 estuvo marcado por tres hechos: en julio el gobierno aprista aprobó once Decretos Legislativos que criminalizan la protesta social, en septiembre se desarrolló la Consulta Vecinal en los tres distritos de Ayabaca, Pacaipampa y Carmen de la Frontera (Piura) frente al proyecto minero Majaz, y en diciembre se realizó la marcha de sacrificio de las comunidades de Ayabaca y del alto Piura con la participación de ocho mil comuneros, exigiendo el reconocimiento político del gobierno sobre los resultados de la Consulta Vecinal.

La principal actividad en el 2008 fue le realización de la Cumbre Enlazando Alternativos 3, paralelamente a la V Cumbre de Jefes de Estado y Gobiernos de América Latina y la Unión Europea. En esta cumbre se da el marco social y político para que las comunidades organizadas en CONACAMI presenten ante la opinión pública nacional, la sociedad civil y los movimientos sociales de América y Europa, su agenda, propuestas y proyecto de vida alternativo al modelo económico basado en el neoliberalismo.

Mientras tanto, el gobierno, a través de las facultades otorgadas por el Congreso de la República, promulgó 102 nuevos Decretos Legislativos en el marco de la implementación del TLC con los Estados Unidos, los cuales atentan contra los derechos de las comunidades indígenas y nativas y que posteriormente han sido declarados inconstitucionales por parte de la Defensoría del Pueblo y una Comisión Especial del Congreso.

En el mismo año, de manera articulada con organizaciones indígenas e instituciones de la sociedad civil, se presentó ante la OIT el Informe Alternativo sobre el cumplimiento del Convenio 169 por parte del Estado Peruano. Del mismo modo se ha promovió el dialogo directo con representantes de las Naciones Unidas (Relator sobre Pueblos indígenas) respecto a la actual situación de vulnerabilidad de los derechos de los pueblos indígenas en el país, acentuada por las recientes políticas públicas por parte del estado peruano.