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Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional, y finalmente en el sentido crítico de los individuos.
Noam Chomsky
Y algo parecido ocurrió en Bolivia, donde algún estudioso llegó a la conclusión de que los Estados Unidos eran el único país donde no había golpes de estado porque allí no había embajada de los Estados Unidos.
Eduardo Galeano
La polémica crece en Bolivia. El día 15 de agosto, con aproximadamente 500 participantes, se inició en Trinidad, capital departamental del Beni, el oriente amazónico boliviano, una marcha en defensa del TIPNIS, el Territorio Indígena Parque Natural Isiboro-Secure. La marcha está encabezada por la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) y apoyada por numerosas ONGs ambientalistas, y su objetivo es reclamar al gobierno boliviano la no construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, que en su trazado inicial atravesaría el territorio del TIPNIS.
Los datos
El TIPNIS es un área natural protegida situada geográficamente entre la provincias de Moxos en el departamento del Beni y la del Chapare en Cochabamba y declarado parque natural en 1965, además de ser territorio indígena. Cuenta con una extensión de 1.200.000 hectáreas, de las que un millón son Tierras Comunitarias de Origen (TCO) donde viven unas 64 comunidades indígenas de yurakares, trinitarios, mojeños y chimanes, aproximadamente unas 10 mil personas. Las otras doscientas mil hectáreas se encuentran ocupadas por unas 20 mil familias de campesinos colonizadores, que cultivan principalmente coca.
Por su parte, la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos tiene en su diseño inicial unos 306 kilómetros de recorrido entre los departamentos de Cochabamba y el Beni. Se calcula una inversión de aproximadamente 430 millones de dólares, de los cuales 332 millones serían otorgados en crédito por el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico e Social de Brasil (BNDES), es decir, por el gobierno brasileño. Los restantes serian cubiertos con recursos del Tesoro General de la Nación.
La carretera ha sido dividida en tres tramos. El tramo 1 que va desde Villa Tunari a Isinuta, de 47 kilómetros de longitud, el tramo 2 de Isinuta a Monte Grande, de 177 kilómetros y que atraviesa por el TIPNIS de sur a norte, y finalmente el tramo 3 de 82 kilómetros, que va de Monte Grande a San Ignacio de Moxos.
Carretera polémica
Los argumentos a favor o en contra de la construcción de la carretera se suceden. El ex Presidente de la subcentral del TIPNIS, Adolfo Moye, denuncia que la carretera “partirá en dos el territorio indígena del TIPNIS, facilitará la invasión de cocaleros, fomentará la explotación irracional de petróleo y la tala indiscriminada, y por tanto consumará el “etnocidio” de las comunidades originarias”[1].
Las principales ONGs ambientalistas de Bolivia plantean posiciones muy similares. La Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA), denuncia que la explotación hidrocarburífera, la colonización y el
loteamiento, están tomando la carretera por el Territorio Indígena del Parque Isiboro Secure (TIPNIS)[2]. El Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE), denuncia la colonización cocalera intensificada en el gobierno de Evo Morales[3], al igual que la Fundación Tierra que alerta sobre posibles invasiones cocaleras[4].
Por otro lado, los posicionamientos a favor de la carretera se van haciendo cada vez más numerosos. En Cochabamba diferentes instituciones y movimientos sociales han hecho público un comunicado planteando un apoyo unánime “a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por ser un proyecto importante para el país, y sobre todo para el desarrollo de nuestro departamento así como para el departamento del Beni”[5]. El comunicado está firmado por actores sociales tan importante como la Federación Departamental de la Micro y Pequeña Empresa (Fedemype), la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, la Federación Departamental de Regantes, la Central Obrera Departamental, la Asociación de Municipios (Amdeco), la Federación de Fabriles, Agrotar, las Seis Federaciones del Trópico y la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos. Asimismo, dos importantes actores políticos implicados, la prefectura de Cochabamba, en manos del MAS, y la del Beni, controlada por la oposición, también han manifestado el apoyo a la construcción de la carretera. Probablemente quien más contundente se ha mostrado a favor es la central sindical Central Obrera Boliviana (COB), que ha manifestado que la construcción de la carretera es una necesidad estratégica nacional[6].
En lo que respecta a los propios pueblos indígenas, el Consejo de Ayllus y Markas Qullanas Nación Qhapaq Uma Suyu, filial en La Paz del CONAMAQ, ha manifestado su apoyo rotundo a la construcción de la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Moxos, “que permitirá la vertebración caminera como única forma de salir de la pobreza económica e intelectual de los pueblos”, según señala un documento publicado recientemente. También los caciques de las comunidades del Consejo Indígena del Sur (Conisur), que agrupa a 12 de las 64 comunidades del TIPNIS, han aprobado a través de voto resolutivo la construcción de la carretera, siempre que sea aprobada a su vez una ley que prohíba los asentamientos en el TIPNIS.
A día de hoy, existen unas 350 resoluciones de organizaciones de campesinos indígenas interculturales, mujeres ‘Bartolina Sisa’, gremiales, etc., apoyando la construcción de la carretera y el llamamiento al dialogo con el gobierno, demostrando que el problema es mucho más complejo que los análisis simplistas a los que nos estamos acostumbrando en estos días, o la manipulación interesada y descarada de los medios de comunicación, que esta vez sí, apoyan sorprendentemente la defensa de los derechos indígenas.
Marcha indígena y ambientalista
La marcha en defensa del TIPNIS comenzó el 15 de agosto sin una plataforma de reivindicaciones clara, y solamente una semana y 100 km después se logró consolidar un pliego de 16 demandas entre las que solo una de ellas hacía referencia al tramo 2 de la carretera.
Un aspecto llamativo es que el punto 4 está referido al cambio climático, planteando una defensa del Fondo Verde y REDD, demandando que “el gobierno reconozca nuestro derecho a recibir directamente la retribución (pago) por compensación por la mitigación de gases de efecto invernadero que cumplen nuestros territorios (servicios ambientales)”. Esta posición de la dirigencia indígena de la CIDOB es no solo inasumible, sino también peligrosa, pues el Fondo Verde significa hipotecar nuestros bosques a favor de las transnacionales. Otro punto inasumible es la paralización de la explotación hidrocarburífera en Aguaragüe, Tarija, pozo gasífero de donde se extrae el 90% del gas que exporta Bolivia, con lo que las políticas de distribución de la renta impulsadas por el gobierno perderían su mayor fuente de ingresos. Hay que hacer una apuesta por cambiar el modelo económico saliendo del extractivismo, pero eso debe pasar por una transición siguiendo los dictados de la Constitución y no de intereses ajenos al pueblo boliviano. Mucho menos se debe dar esta transición pactando con los planteamientos del capitalismo verde, la nueva forma del Norte de construir
consenso sobre el Sur.
El Presidente Evo Morales ha mandado varias delegaciones de ministros y viceministros a dialogar y negociar en el mismo lugar de la marcha. La última de ellas el 31 de agosto conformada por el Ministro de Presidencia Carlos Romero, el de Gobierno Sacha Llorenti, y la Ministra de Autonomías Claudia Peña. Cinco intentos de dialogo en dos semanas de marcha que sin embargo han sido rechazados por la dirigencia indígena, exigiendo la presencia de al menos diez ministros para comenzar el dialogo. En cualquier caso nos encontramos ante una marcha que protesta contra una decisión gubernamental sin que el gobierno mande policía y ejército a reprimir como se hacía en épocas recientes en Bolivia, sino a ministros y ministras de alto peso en el ejecutivo, comprometiéndose incluso el propio Presidente en acudir al lugar de la marcha para ratificar los acuerdos a los que se llegara en una hipotética negociación entre la dirigencia indígena y el ejecutivo. Debemos resaltar que todo lo anterior, tanto las reivindicaciones y marchas como el envío de ministros y los intentos de negociación, suponen desde nuestro punto de vista una profundización de la democracia, construyéndose también así otra forma de hacer política.
Conflicto de intereses
Todo lo anterior parece plantear un conflicto de intereses. Sin embargo, hace falta profundizar en el conflicto para ver donde colisionan los diferentes intereses, y que hay detrás de ellos.
Por un lado, está demostrada la reivindicación histórica de una carretera que una la amazonia beniana con el occidente del país vía Cochabamba. Ya antes de la fundación de la Republica, se tiene constancia de al menos cuatro expediciones entre 1765 y 1825 para encontrar una senda segura. La primera de ellas en 1765 recorre Punata, Cliza, Locotal, Nueva Villa Tunari, San Antonio, Todos Santos y Cesarzama, en Cochabamba, hasta llegar a Loreto y San Ignacio de Moxos, en el Beni. Como el propio Evo Morales ha demostrado documentalmente, en 1826 durante el gobierno del mariscal José Antonio de Sucre se emitió una ley, una de las primeras de la República de Bolivia que acababa de constituirse, para unir los dos departamentos vialmente[7].
Otro dato contundente es que la carretera facilitara el desarrollo regional de Cochabamba y el Beni. Hasta ahora, los pequeños comerciantes benianos que quieren llevar sus productos al occidente del país, deben recorrer 848 kilómetros, pues deben dar todo un rodeo por Santa Cruz, para poder llegar a Cochabamba. Con la carretera, la distancia entre San Ignacio de Moxos y Villa Tunari pasara a ser de 306 kilómetros. El trayecto, dadas las condiciones de una prácticamente inexistente red vial boliviana, se verá acortado en al menos 20 horas en condiciones normales, pues en época de lluvias muchas veces ni siquiera hay condiciones viales. Y lo mismo al revés, pues la población beniana tiene que soportar altos precios en los víveres de primera necesidad dado la dificultad de recibir los mismos, agravados precisamente en épocas de lluvias con escasez o altos precios.
Pero es que además toda la producción beniana, mercado agropecuario en su mayor parte, sale al resto de Bolivia vía Santa Cruz. Esto significa que son los dueños de los mataderos cruceños los que imponen los precios de la carne para todo el país. Beni es el primer productor de carne de Bolivia, pero sin embargo es el tercer departamento más pobre. La carretera significará romper el monopolio existente con Santa Cruz para varios productos de primera necesidad, beneficiando a toda la población boliviana. Por lo tanto, es en estos momentos la oligarquía cruceña la primera interesada desde un punto de vista económico en que la carretera no sea construida.
Y junta a ella, varias ONGs ambientalistas. Son ya varias las denuncias que se han hecho en torno a que muchas de estas ONG ambientalistas reciben financiamiento de USAID, la agencia estadounidense para el
desarrollo No solo las denuncias ya presentadas contra FOBOMADE, sino también LIDEMA recibe financiación del programa PL-480 de USAID. Sería bueno en cualquier caso que todas las ONGs y plataformas implicadas en la defensa de los derechos indígenas aclaren si reciben algún tipo de subvención o financiación por parte de agencias del gobierno estadounidense.
Y si hablamos de este nuevo tipo de neocolonialismo imperialista, no podemos dejar de mencionar el papel que juegan también algunos dirigentes indígenas, que engañando a sus propias bases negocian con la embajada estadounidense, como el gobierno boliviano ha denunciado con el extracto de las llamadas de celular de varios de los dirigentes desde el mismo lugar de la marcha, y la propia embajada ha reconocido posteriormente. Según la embajada, porque mantiene permanente contacto con varios dirigentes y analistas para conocer la realidad social y política del país. Desde la coherencia de una izquierda en la que militamos, no podemos por menos que avergonzarnos de estas relaciones tan peligrosas para el movimiento social y los pueblos indígenas de Bolivia.
Igual de vergonzante que el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Herland Vaca Díez, haya asegurado que los marchistas indígenas del TIPNIS están reconocidos como miembros del Comité. Los que en 2008 alentaban el saqueo y quema de instituciones, y el apaleamiento de nuestros hermanos y hermanas indígenas en Sucre, ahora se han reconvertido en firmes defensores de la Constitución y los derechos indígenas.
A todo lo anterior se le une el triste papel de algunos intelectuales, anteriormente cercanos al gobierno, que desde la comodidad de sus casas escriben en defensa del TIPNIS y los derechos indígenas. Aunque en otros análisis lo trataremos más extensamente, no queremos dejar pasar en este análisis el papel de la intelectualidad orgánica en Bolivia, claramente inexistente, dejando vía libre a que intelectuales sin una organización ni militancia orgánica detrás, hagan lecturas superficiales y alejadas de la realidad, las luchas y los propios debates concretos al interior de las organizaciones.
Consulta y coherencia como horizontes de solución
En vista de lo expuesto anteriormente, el gobierno debe mejorar en una política de comunicación, planteando los datos de manera transparente y documentada. Esto además va unido a un elemento central como es el de la consulta previa, que desactivaría además la en cierta medida la injerencia de ONGs y la embajada estadounidense.
La consulta previa, libre e informada, recogida en el Convenio 169 de la OIT así como en la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas y elevada a rango de ley en Bolivia puede ser un mecanismo útil para resolver un conflicto como este. Aunque inmediatamente nos encontramos con un problema debido a la poquísima experiencia práctica de la consulta en la resolución de conflictos de esta naturaleza, el del ámbito de aplicación de la misma. Si entendemos que no podemos consultar a toda la población boliviana, ni siquiera a la población de los departamentos de Cochabamba y Beni, o los más de 100 mil habitantes directamente beneficiados (o afectados, como se quiera definir) por la construcción, sí cuanto menos debiéramos convenir en que la consulta se debe hacer al conjunto de comunidades afectadas por la construcción de la carretera. Pero, ¿qué pasa si como plantea el gobernador interino de Cochabamba, José Ivancovic, 44 de las 64 poblaciones del TIPNIS están de acuerdo con la construcción de la carretera?
Uno de los problemas a solventar en este caso, es como se hace frente en clave de resolución de conflictos a una reivindicación que puede ser legitima, y a una marcha que no tenemos duda de que ha sido organizada por la CIDOB, sin intrusiones más allá de la propia injerencia colonial de la lógica de la cooperación mediante los “apoyos técnicos” y “asesorías”. Reivindicación legitima a la que sin embargo se han sumado un montón de agentes políticos cuya principal finalidad no es defender los derechos indígenas, sino tirar abajo el gobierno de Evo Morales, o en el mejor de los casos preparar su sustitución para el 2014. Desde el propio gobernador de Santa Cruz Rubén Costas o los cívicos, al Movimiento Sin Miedo o algunos sectores de la CIDOB que ya han anunciado una propuesta electoral alternativa al MAS y Evo Morales para el 2014, además de la propia embajada estadounidense y su política de injerencia en asuntos nacionales.
Otro de los problemas reales que desnuda el conflicto es el de la tierra. La carretera posibilitara la llegada del Estado a una parte del territorio boliviano donde antes no llegaba, con todo lo que esto supone. Esto quiere decir salud, educación, energía, etc., pero también una serie de controles que probablemente demuestren lo que es más que una intuición en Bolivia, la venta de tierras comunales a empresarios forestales, y también hay que decirlo, al narco.
Por último, queremos plantear la confrontación subyacente en la construcción de la carretera. Más allá del choque de dos visiones de desarrollo en Bolivia, hay claramente una necesidad de justicia social que rompa con las desigualdades históricas que aíslan a la población beniana del resto del país. No es un planteamiento de
desarrollo del Beni, sino de justicia social para la población beniana y el resto del pueblo boliviano. Asimismo también debemos enmarcar las políticas públicas en Bolivia dentro de un marco de justicia para con la Madre Tierra y de respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Por todo ello probablemente sea necesario efectuar una consulta previa, libre e informada en el conjunto de comunidades por donde pasa la carretera, comprometiéndose todas las partes en conflicto con su resultado, sea el que sea. Pero más allá de la consulta, más allá de los derechos, que no siempre van alineados con la justicia, probablemente sea tan necesaria la construcción de la carretera, como que esta no pase por el TIPNIS.
Nuestro proceso de cambio requiere entonces, tanto de la acción del gobierno en la concreción de una demanda histórica de justicia social, como de la disputa del sentido y el camino hacia la transición de nuestros pueblos indígenas.
*
Katu Arkonada es militante del proceso de cambio e investigador social diplomado en Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Políticas Publicas
**Publicado originalmente en el semanario boliviano La Época
[1] http://www.fobomade.org.bo/art-1286
[2] http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20110802/lidema-otra-ruta-en-el-tipnis-incrementara-costos-pero-protegera-la_136158_277614.html
[3] http://www.fobomade.org.bo/art-909
[4] http://www.ftierra.org/ft/index.php?option=com_content&view=article&id=6848:conflicto-de-tipnis-comun-en-otros-territorios&catid=98:noticias&Itemid=175
[5] http://www.fmbolivia.com.bo/noticia60380-tipnis-11-organizaciones-e-instituciones-de-cochabamba-apoyan-construccion-de-carretera.html
[6] http://www.derechoshumanosbolivia.org/noticia.php?cod_noticia=NO20110811111358
[7] http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-08-21&idn=52675
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