Minas y Comunidades: La Declaración de Londres 2008

Denunciar las afirmaciones sin sustento de la industria minera
Contra los modelos actuales de “relacionamiento corporativo”
Frente a las crecientes amenazas a la vida
Por un total reconocimiento de los derechos comunitarios

En mayo de 2001, veinticuatro representantes de comunidades y grupos afectados por la minería en Asia, Africa, India y América del Sur y Norte, nos reunimos en Londres para identificar y analizar los impactos de la minería en la vida de las comunidades y los ecosistemas, y compartir estrategias para enfrentar las prácticas y políticas inaceptables de esta industria.

Reconocimos a Londres como la capital minera mundial, donde se provee gran parte del capital que se invierte en el sector y se fijan los precios internacionales de los metales. También aquí tienen sus oficinas centrales dos de las cuatro empresas mineras más influyentes del mundo.

Londres es también el centro de las iniciativas lanzadas por la industria para persuadir a la “comunidad internacional” y continuar así con muchas de sus prácticas inaceptables. Al frente de esas iniciativas estaba el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), con el apoyo de la mayoría de las grandes empresas mineras y unas veinte ONGs internacionales.

Siete años atrás, declaramos que estas iniciativas promovían al menos cuatro verdades a medias o mitos:

(i) la supuesta necesidad de más minerales y más explotaciones mineras;
(ii) el argumento que sostiene que la minería promueve el desarrollo;
(iii) la creencia en que soluciones técnicas pueden resolver casi todos los problemas; y
(iv) que todos aquellos que se oponen a la minería son básicamente comunidades y ONGs ignorantes y “antidesarrollo”.

Vimos que numerosas experiencias – algunas con más de veinte años de desarrollo – contradicen enfáticamente dichas asunciones.

De aquella histórica reunión nació la Red Minería y Comunidades (Mines and Communities Network – MAC).

MINAS Y COMUNIDADES – SIETE AÑOS DESPUÉS

Reunidos nuevamente en Londres, en octubre de 2007, con un grupo editorial de más de treinta miembros de catorce países, MAC reafirma la realidad de aquellas experiencias y profundiza sus demandas iniciales.

Desde 2001, vemos a los pueblos sufrir todavía más profundamente a causa de la minería en todas sus etapas y nuevas formas - desde la exploración hasta la extracción y finalmente el abandono. El dolor y la destrucción irreparable ocasionada a culturas, identidades y vidas se ha profundizado. Más tierras ancestrales han sido tomadas, y más riquezas naturales, sin el consentimiento de los pueblos y sin beneficios sustanciales para las comunidades o las economías de las naciones donde ellas se encuentran.

El avance de la opresión militar y paramilitar por fuerzas estatales y privadas, que actúan en nombre de empresas mineras, ha aumentado dramáticamente. Con esto, una creciente demonización, arresto arbitrario, e incluso asesinato de líderes comunitarios cuyo único “crimen” ha sido oponerse a proyectos mineros que amenazan la integridad territorial y modo de vida comunitarios.

La extracción de minerales ha envenenado aguas, destruido fuentes de alimentación, relaciones sociales, ha provocado enfermedad y daño. Muchas veces, comunidades han sido divididas por conflictos civiles generados desde afuera. El aumento en el uso de maquinaria ha quitado a muchos el rol que alguna vez tuvieron como trabajadores mineros.

En los últimos años la industria minera, con el apoyo de algunas autoridades de gobierno, se ha vuelto muy agresiva y sofisticada en la manipulación de las leyes y políticas nacionales e internacionales, que favorecen sus propios intereses, mediante mecanismos como los tratados de libre comercio.

La legislación minera de unos cien países ha sido drásticamente modificadas (liberalizadas) según los intereses del capital minero. Protocolos que protegen a los pueblos indígenas y el medioambiente se diluyen, al tiempo que la expansión minera alcanza niveles sin precedente y más países minerodependientes resignan su responsabilidad por el bienestar de los ciudadanos para convertirse en sirvientes de las corporaciones globales.

Al mismo tiempo, hemos sido testigos presenciales del aumento en la resistencia comunitaria, y de nuevas alianzas forjadas entre poblaciones locales y trabajadores, quienes sufren por la incertidumbre de los contratos temporarios o la usurpación corporativa de la minería tradicional en pequeña escala.

En mayo de 2001:

1) Demandamos una moratoria para nuevos proyectos mineros a gran escala en Asia, Africa y América Latina;
2) Expresamos nuestra firme oposición a toda actividad minera o disposición de residuos mineros en bosques, cursos de agua y montañas;
3) Llamamos al banco Mundial/Fondo Monetario Internacional a cesar todo financiamiento hacia códigos mineros diseñados por la propia industria que fueran impuestos a los gobiernos de Africa, Asia-Pacífico y América Latina.
4) Demandamos estándares más estrictos y obligatorios para todo el sector minero;
5) Insistimos en el reconocimiento y respeto incondicional de todos los derechos sobre el suelo y subsuelo de los pueblos indígenas y las comunidades afectadas por la minería, así como su derecho a vetar proyectos inaceptables;
6) También insistimos en que las empresas mineras deben sanear los perjuicios terribles causados por sus minas antiguas y actuales, sin utilizar fondos públicos, y deben responsabilizarse en sentido moral, legal y financiero por sus daños;

Ahora fortalecemos y elaboramos estas demandas iniciales.

NUEVAS DEMANDAS DE CAMBIO:

Llamamos a:

1) Rechazar toda asistencia oficial o de agencias multilaterales para el desarrollo – la Corporación Financiera Internacional o la Asociación
Internacional de Fomento del Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Asiático de Desarrollo, y otros – orientada
principalmente a promover la extracción de minerales, el desarrollo de infraestructura primaria para la industria minera, o una mayor dilución en los marcos regulatorios, regímenes de impuestos y regalías, concebidos para favorecer los intereses de la industria minera privada y sus inversores.

2) Cancelar o renegociar todos los contratos de extracción y procesamiento de minerales y licencias que roban a los pueblos la renta de sus recursos, dilapidan bienes comunes, resultan en la exportación de los beneficios reales de los minerales extraídos, o sacrifican en cualquier modo el derecho ciudadano a un modo de vida sustentable.

Rechazar todo código minero y cancelar todo tratado de libre comercio, de inversiones bilaterales y acuerdos de asistencia multilateral que permitan o contribuyan con tales contratos o licencias.

3) Abandono de todo código de conducta corporativo o promesa de responsabilidad social que dependa solamente de una observación voluntaria, sin monitoreo transparente e independiente de su implementación.

4) Asegurar a los Pueblos Indígenas garantías a sus derechos, usando como estándar mínimo la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de septiembre de 2007.

De ellos, es central el derecho a la autodeterminación, del cual es un instrumento importante el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI). Los pueblos indígenas deberían ser convocados a otorgar o negar el CLPI antes que cualquier actividad de exploración o explotación minera se lleve a cabo en sus territorios.

Si una comunidad indígena decidiera no otorgar el CLPI, la empresa interesada debe respetar su decisión y retirarse del territorio de la comunidad.

5) Respeto al derecho de toda comunidad a decir “no” a un proyecto minero o relativo a los minerales que consideren podría impactar de manera adversa en su medioambiente o en los recursos de los que dependen.

6) Repudiar las leyes anti-terrorismo y otras políticas que amenazan la vida y recortan los derechos de comunidades o activistas que protestan contra proyectos mineros.

7) Poner fin a la violencia, ya sea de los Estados o aquellos empleados por empresas mineras, contra quienes se oponen a la minería, incluyendo asesinatos extrajudiciales.

RESPONSABILIDAD DE LA ONGS:

En 2001, buscamos la solidaridad de la sociedad civil, y especialmente de las organizaciones de desarrollo y ambientales, en respuesta al clamor global de las comunidades afectadas por la minería.

1) Pedimos a estas organizaciones que aseguren que las comunidades afectadas por la minería hayan sido completamente informadas previamente sobre todos los aspectos de cualquier proyecto minero, y fortalecidas para responder por ellas mismas frente a esa información.

2) Pedimos a estas organizaciones que se nieguen a participar en iniciativas impulsadas por la industria para servir a sus propios intereses.

3) También les pedimos que promuevan medidas de cumplimiento legal y políticamente obligatorio que aseguren la responsabilidad de la industria minera, ante todo, frente a las comunidades afectadas por la exploración y extracción de minerales.

Ahora, invitamos a estas organizaciones a ir más allá y:
1) Apoyar activamente a las comunidades en la defensa de sus derechos.

2) Asegurar que nunca negociarán con la industria o los gobiernos en nombre o representación de ninguna comunidad, excepto que hayan sido invitadas a hacerlo por la propia comunidad.

3) Denunciar cualquier abuso a los derechos humanos perpetrado contra aquellos que se oponen a operaciones mineras

4) Promover y asistir modelos de desarrollo tradicionales, u otros, que hayan sido elegidos por las comunidades como alternativa a la dependencia de la gran minería, de acuerdo a su integridad cultural, social, económica y ambiental.

5) Rechazar cualquier fondo u oferta de financiamiento que provenga de empresas mineras o empresas relacionadas con el sector minero, cualquiera sea su propósito declarado.

6) Negarse a colaborar o emplear cualquier consultor – incluyendo académicos – que no puedan probar fehacientemente su independencia de la industria minera.

Finalmente, como miembros o adherentes de la Red Minería y Comunidades, renovamos nuestro compromiso en la defensa de nuestros miembros y todos aquellos con quienes trabajamos, cuando su nombre, derecho a la libre expresión y organización, o la propia vida sean puestos bajo amenaza.

Hacia el cumplimiento de estos objetivos, invitamos a firmar esta Nueva Declaración de Londres.

(Lista de quienes firman como miembros y adherentes la Declaración, 12/ 2008)

Abdulai Darimani
THIRD WORLD NETWORK AFRICA (Ghana)
Abigail (Abie) Kiyan Cordillera Peoples Alliance (CPA) (Philippines
Abu A. Brima NETWORK MOVEMENT FOR JUSTICE AND
DEVELOPMENT (Sierra Leone)
Chalid Muhammad Indonesia
Siti Maemunah (Mai) JATAM (Indonesia)
Tracy Glynn JATAM (Canada)
Mining Advocacy Network and the Conservation
Council of New Brunswick
Armando Perez Araujo YANAMA (Colombia)
Remedios Fajardo YANAMA (Colombia)
Catalino ‘Bong’ Corpuz TEBTEBBA FOUNDATION (Philippines)
Catherine Coumans MININGWATCH CANADA (Canada
Dawn Paley MININGWATCH CANADA (Canada)
Susan Murdock MININGWATCH CANADA (Canada)
Jamie Kneen MININGWATCH CANADA (Canada)
Russell Hart MININGWATCH CANADA (Canada)
Cesar Padilla
Observatorio de Conflictos Mineros de America Latina
(Latin America)
Geoff Nettleton PIPLinks (United Kingdom)
Andrew Whitmore (Whit) PIPlinks
Ximena Warnaars
Luis ClapsEcuador
Jo M Villaneuva LRC-KSK (Friends of the Earth - Philippines)
Jose De Echave COOPERACION (Peru)
Clemente ‘Enteng’ Bautista KALIKASAN (Philippines)
Karyn Keenan Halifax Initiative (Canada)
Lulu Jimenez Cordillera Peoples Alliance (CPA) (Philippines)
Ravi Rebbapragada Mines, Minerals and People (India)
K Bhanumathi (Bhanu) Mines, Minerals and People (India)
Sreedhar Ramamurty Environics Trust, Mines, Minerals and People (India)
Stuart Kirsch Associate Professor
The University of Michigan
Techa Beaumont Minerals Policy Institute (MPI) (Australia)
Tito Natividad Fiel DIOPIM Committee on Mining Issues (DCMI)
(Philippines)
Xavier Dias BIRSA (India)
Jharkhand Mines Area Coordination Committee
Andrew Hickman Down to Earth (DTE) UK
Andrew Whitmore PIPLinks
Richard Solly Partizans (UK)
Roger Moody Partizans (UK)

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