Audiencia de la CIDH evaluará Medida Cautelar contra el proyecto Conga

Conacami 21/03/12.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evaluará este 24 de marzo en Washington, los argumentos de las organizaciones indígenas, Rondas de Cajamarca y representantes del Estado peruano, sobre el pedido de una Medida Cautelar a la ejecución del proyecto Conga.

Las organizaciones han acudido a esta una instancia internacional porque el actual Gobierno ha tomado partido a favor de la empresa minera cuyo premier Oscar Valdez en vez de garantizar un verdadero proceso, ha deslegitimado los espacios de diálogo democrático y paritario para imponer un “Peritaje Internacional” que el pueblo no le ha pedido.

La Medida Cautelar pide que se deje sin efecto la concesión y los derechos otorgados a la empresa minera Yanacocha, por no haber sido consultado ni contar con el consentimiento de los pueblos y rondas de Cajamarca conforme lo estipula el Convenio 169 de la OIT.

Así mismo cese la represión contra estos pueblos que ejercen su derecho a definir sus prioridades de desarrollo de no otorgar su consentimiento al mega proyecto Conga que afectará irreversiblemente su subsistencia, por la intervención de un conjunto de lagunas y cabeceras de cuenca.

Argumentos del Estado

Según argumentó el Estado en su respuesta escrita, “no está vigente el estado de emergencia, no existe represión policial, no se ha iniciado actividades mineras, está en marcha un proceso de diálogo con los representantes de las comunidades y líderes y que por tanto la ilustrada no debe conceder medidas cautelares”.

Además Luis Salgado procurador supranacional adelantó que en este momento “no hay razón de urgencia ni inminente daño irreparable a derechos humanos para que se acceda al pedido de estas cinco organizaciones”.

Enfatizó que Manuel Pulgar Vidal, ministro del Ambiente explicará ante la CIDH que “el Gobierno peruano impulsa un nuevo modelo de minería orientado a respetar el medio ambiente y fomentar el desarrollo sostenible”.

Argumentos de las organizaciones del Pacto de Unidad y rondas de Cajamarca

Según el alegato presentado por las organizaciones del Pacto de Unidad, la vulneración de de derechos humanos, los daños irreparables al ecosistema y el peligro de subsistencia de los pueblos de Cajamarca ocasionadas por la empresa Yanacocha se remontan unos 20 años.

El proyecto Conga no es otra cosa que el Plan Estratégico de Expansión de la Empresa Yanacocha que para alcanzar la producción de 7 millones de onzas y 400 Mlbs de bronce; impactará irreversiblemente las fuentes naturales de captación de aguas y destruirá todo un sistema de lagunas, colchones acuíferos y bofedales que abastece a cinco cuencas.

Su propio estudio de impacto ambiental señala la desaparición de las lagunas denominadas Perol, Mala, Azul y Chica, intervención de la cabecera de cuenca de los ríos Jadibamba, Chailhuagón, quebradas de Chirimayo y Toromacho, afluentes de los ríos Cedamal, Chonta y Llaucano, que son fuentes de abastecimiento de agua de la región Cajamarca.

En la actualidad la empresa tiene intervenida la zona de las lagunas, las territorios comunales están ocupadas por maquinarias, hay desplazamiento de personal técnico y operativo, existe resguardo policial especializada y cierre de las carreteras y vías de comunicación.

Tal como se advertía evitar en la solicitud de la Medida Cautelar, el Estado omitió la protección de los derechos humanos de los pobladores, la represión ordenada contra Cajamarca dejó como saldo 19 campesinos y ronderos heridos, varios de ellos grave e irreversiblemente afectados como Elmer Campos quien quedó en estado parapléjico.

Las fuerzas del orden al servicio de la empresa minera han incursionado en las comunidades, cuyos excesos se registró el último 16 de marzo en Sorochuco, en la que una mujer gestante fue brutalmente golpeada, han fracturado el brazo de una de sus dos niñas. Existe actualmente acoso, hostigamiento y persecución judicial a los principales líderes sociales indígenas emprendida por el Ministerio Público.

La afirmación que hace el Estado de que “no se ha iniciado actividad minera en la zona” es una falta a la verdad y de muy mala fe, debido a que los conflictos se han registrado precisamente por la presencia de personal, maquinarias, inicio de operaciones de prospección y movimiento de tierras en la zona.

Las lagunas, los territorios comunales y hasta la carretera han sido tomadas por la empresa con apoyo policial, han sido restringidos el libre tránsito peatonal y vehicular, pastoreo y acceso de los comuneros a sus territorios, lagunas y fuentes de agua.

Por otro lado el “proceso de diálogo” tampoco está establecido, el Premier Oscar Valdez, no ha querido escuchar los argumentos de los pueblos afectados, ha negado la participación de los legítimos representantes de las rondas y organizaciones comunales y sociales en las pretendidas mesas de diálogo que nunca se instaló.

El Estado ha vulnerado los derechos que le asiste a las comunidades y rondas campesinas comprendidas en el Convenio 169 de la OIT, a quienes debió consultar y al tratarse de un mega proyecto con el agravante de depositar desechos tóxicos en las lagunas, tenía la obligación constitucional de obtener su CONSENTIMIENTO libre previo e informado.

Estrictamente en el marco del estado de derecho, las Rondas campesinas según el artículo 149 de la Constitución Política del Perú y artículo primero de la Ley N° 27908, Ley de las rondas campesinas, a éstos les asiste en todo sus extremos los derechos de los pueblos indígenas y por lo tanto están bajo esa tutela.

El rechazo a la imposición de proyectos de desarrollo que atentan a la integridad física, biológica y cultural de los pueblos, lesivos al medio ambiente, inconsultos y sin diálogo ni consentimiento previo como Conga se ha evidenciado en la gran Marcha Nacional del Agua que congregó a más de 15 mil manifestantes quienes se han solidarizado con el pueblo de Cajamarca.

Por otro lado los 152 conflictos activos y 77 conflictos latentes y las 177 acciones colectivas de protesta reportadas en febrero por la Defensoría del Pueblo constituyen un claro indicador que el Gobierno no está cumpliendo con privilegiar el diálogo ni se incluyen las demandas de los pueblos indígenas en las políticas públicas.

Cuestiones que esclarecer

Ante la Comisión comparecerán Milton Sánchez Cubas, Secretario General de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC) en representación de las organizaciones de Cajamarca y Magdiel Carrion Pintado ex rondero de Piura y actual presidente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), en representación del Pacto de Unidad.

El Pacto de Unidad la conforman 5 Organizaciones AIDESEP; CONACAMI; CNA; CCP y ONAMIAP, organizaciones indígenas de alcance nacional. Lastimosamente un sector de la prensa viene señalando que la medida fue presentada por “Antimineros radicales”, “un grupo de ONGs” entre otros calificativos.

De otro lado, contrariamente a lo que señala el Estado, la Medida Cautelar no fue presentado para que se levante el Estado de Emergencia decretado el 4 de diciembre en Cajamarca, si no fue con anterioridad, el 1 de diciembre de 2011, para evitar “otro Baguazo”.

Teniendo como precedente la represión armada del 29 de noviembre en la laguna El Perol y otras zonas, una inminente militarización de la región de Cajamarca, la persecución a líderes sociales, pero principalmente la afectación a la supervivencia de los pueblos de Cajamarca por la imposición por vía de la fuerza del proyecto no consultado Conga.

------------------
Julio Quispe Medrano
Área de Comunicaciones
CONACAMI PERÚ

Posted in: conacami,Conga,medida cautelar,Pacto de Unidad