Dirigentes indígenas de Perú reclamarán al gobierno que se respeten sus derechos a la consulta sobre el conflictivo proyecto aurífero Conga, en la norteña región de Cajamarca, en una reunión este sábado 24 en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
"Si vamos a una instancia internacional es porque en Perú no se cumplen las leyes", advirtió Magdiel Carrión, presidente de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami), una de las participantes del encuentro.
"Siempre nos dicen a las comunidades que somos intransigentes porque protestamos, cuando es el Estado el que toma decisiones sin consultarnos y poniendo en riesgo nuestras vidas", afirmó.
Carrión estará acompañado de Milton Sánchez, de la Plataforma Interinstitucional de Celendín, en representación de Cajamarca.
La reunión de trabajo es resultado de una medida cautelar que solicitaron en diciembre las organizaciones indígenas agrupadas en el denominado Pacto de Unidad, debido al estado de emergencia que estableció el gobierno de Ollanta Humala para que la policía pudiera intervenir en las protestas contra Conga, que la empresa Yanacocha planifica ejecutar en Cajamarca.
La medida cautelar buscaba proteger la integridad de las rondas campesinas –comités de autodefensa desarmados y reconocidos por ley para vigilar tierras y ganados de la comunidad– que se pronunciaron contra el proyecto, aparte de solicitar que el Estado respete el derecho a la consulta y consentimiento.
Carrión aseguró que, como resultado de las protestas, fueron denunciados unos 40 dirigentes campesinos, acusados de provocar disturbios y de entorpecer el libre tránsito en los caminos.
"Creemos que es posible utilizar la legalidad para resolver un problema, en lugar de que las personas se estén matando a palos, piedras y balas", sostuvo Raquel Yrigoyen, vicepresidenta del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad en Perú, que acompaña en esta demanda a los campesinos.
"Debido a que en Perú no hay solución, en la Comisión se presenta la oportunidad de que los dirigentes lleguen a algún acuerdo con las autoridades", explicó a IPS.
Irigoyen, quien fue jefa del gubernamental Instituto para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, indicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya señaló que en proyectos de gran envergadura, con posibles impactos en la vida de estas poblaciones, deben existir tres salvaguardas.
Una es
la consulta, la participación efectiva y el consentimiento del pueblo que sería afectado, la segunda es un estudio de impacto ambiental independiente antes de entregarse la concesión y, por último, una indemnización en el caso de que la comunidad admita el proyecto.
En los últimos años, campesinos han llevado casos ante el sistema de justicia de la Organización de los Estados Americanos, que conforman la Comisión y la Corte, en defensa de sus territorios y una vida saludable.
Entre los más destacables figura el de los indígenas en aislamiento voluntario mashco-piros, de la región amazónica Madre de Dios, que en 2005 solicitaron medidas cautelares debido a que madereros ilegales ponían sus vidas en peligro.
En 2004, la Comisión admitió las solicitudes de medidas cautelares presentadas por Conacami para proteger a los habitantes del pueblo de San Mateo de Huanchor que eran afectados por los relaves mineros de la empresa Lisandro Proaño.
En ambos casos, el sistema interamericano solicitó al Estado peruano que tomara acciones inmediatas.
"Ante la lentitud de la justicia en Perú, el sistema continental es una oportunidad para solicitar una intervención rápida en casos de emergencia", apuntó Irigoyen. De cualquier modo, los pueblos indígenas y las comunidades campesinas siguen dando la batalla en los tribunales locales.
En febrero, la Central Asháninka del Río Ene (CARE) presentó una demanda ante la Corte Superior de Justicia en Lima contra el Congreso legislativo y la cancillería debido a la participación decisiva que tendrán en el acuerdo energético entre Perú y Brasil.
El proyecto hidroeléctrico Paquitzapango, que formaría parte del acuerdo, puede afectar el territorio de los asháninkas en la selva central, por lo que CARE presentó esta acción judicial en defensa de sus derechos fundamentales.
El parlamento aún no ratificó el
convenio con Brasil, pero según Fedepaz, organización que asesora a la entidad indígena, la demanda es una "estrategia para que los representantes sepan qué derechos están en juego" antes de votar.
Hay otros casos de los pueblos indígenas que siguen congelados. La Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca exigió a la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales de la región Loreto que se formalice la denuncia penal contra los responsables del derrame de unos 400 barriles de petróleo de la empresa Pluspetrol en el río Marañón, ocurrido el 19 de junio de 2010.
Jorge Tacuri, secretario ejecutivo del no gubernamental Programa de Defensa de Derechos Indígenas, informó a IPS que existen los medios probatorios para que la fiscalía presente la denuncia.
Pocos días después de producirse el derrame, IPS tuvo acceso al informe elaborado por el ingeniero químico Víctor Sotero, del estatal Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana, en el que se reveló que la cantidad de tóxicos vertidos era alarmante.
El análisis de las seis muestras recogidas entre el 20 y el 22 de junio en la zona señalaba una presencia de grasas y aceites que oscilaba entre 10.800 miligramos por litro (mg/l) y más de 2,6 millones de mg/l. Estos niveles son preocupantes, considerando que el límite máximo admisible para el consumo humano del agua es de un miligramo por litro o una parte por millón, según la legislación peruana.
Posteriormente, otras instituciones estatales han realizado estudios que confirman la contaminación.
Hay 28 comunidades ribereñas del río Marañón afectadas, según la Defensoría del Pueblo. Entre ellos nativos cocamas, ubicados cerca de los achuar, también con problemas de contaminación.
"La impunidad campea por este tipo de delitos ambientales. No hay ninguna sanción penal y por eso crece la preocupación de los lugareños", dijo Tacuri a IPS.
En 2000 hubo un derrame de petróleo de 5.000 barriles en la zona de Saramuro, en Loreto, que terminó en las instancias judiciales sin resultados porque pasó el tiempo y prescribió, señaló Tacuri. Ese temor se cierne ahora sobre la denuncia de los habitantes de San Mateo de Huanchor, que luego de más de una década continúa sin resolverse en los tribunales.
"La agenda indígena tiene un espacio político y social que se ha ampliado con temas relacionados a la consulta y al ambiente. Y es natural que también esta defensa se manifieste como presión judicial", dijo a IPS el comisionado del Programa de Asuntos Territoriales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo, Luis Francia.
Pero Francia alerta que en estos procesos judiciales se observan factores que hacen más difícil el acceso a la justicia a los pueblos originarios, como son la diferencia idiomática, el poco conocimiento de los trámites y falta de defensa técnica, entre otros puntos.
Ante esta serie de obstáculos, Alicia Abanto, jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría, comentó a IPS que el Estado debería garantizar que se respeten los derechos de estas poblaciones antes de que recurran a la justicia y se desaten los conflictos. (FIN/2012)
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